Mexicanas violadas por militares buscan justicia desde fuera del país.

Madrid, 2 de junio. Yo puse toda mi confianza en México para buscar justicia, pero desde hace nueve años que fui maltratada he tocado muchas puertas y el Estado mexicano siempre se ha negado a darme la oportunidad de castigar a esos militares, explicó Valentina Rosendo Cantú, natural de Guerrero y que el 16 de febrero de 2002 fue brutalmente violada por ocho efectivos del Ejército mexicano. Hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por este caso, pero esa sentencia sigue sin cumplirse y los agresores siguen libres, por eso busco ahora justicia fuera, donde he encontrado a mucha gente que me apoya.

El caso de Valentina supuso un hito en la lucha de la defensa de los derechos humanos, pues ha sido de las pocas mujeres indígenas que se han atrevido a denunciar e ir hasta el final en un caso de violación. A pesar de que la vergüenza de haber sido violada de cara a su comunidad y a su propia familia le haya significado el destierro y el abandono de su marido. Pero ella se mantuvo firme y continuó con su denuncia, hasta que –ocho años después– logró su primera sentencia a favor. El pasado primero de octubre, en una sentencia histórica, la CIDH obligó al gobierno mexicano a reconocer su responsabilidad, a detener a los culpables y a reparar a las víctimas. Y lejos de que el gobierno de Felipe Calderón haya acatado el dictamen judicial, la vida de Valentina sigue igual o peor: amenazas constantes a ella y su familia, el destierro de su comunidad y el miedo permanente a ser agredida de nuevo por los mismos militares que hace nueve años arruinaron mi vida.
Al ver que el gobierno mexicano mantenía la misma postura después de la sentencia de la CIDH, Valentina decidió continuar su búsqueda de justicia en el exterior, denunciando la pasividad y complicidad de las autoridades con militares condenados por violaciones. Sólo en esta su primera gira ha estado en Alemania, Francia, Reino Unido y España, donde se ha entrevistado con numerosas organizaciones, autoridades, medios de comunicación y diputados europeos.
Yo vengo de Guerrero, de una comunidad muy pobre, y a lo largo de estos años he vivido una experiencia como mujer, como madre y como hija. Para mí es importante contar esto ante ustedes para seguir en mi lucha de la búsqueda de justicia. En 2002 fui maltratada por militares en el estado de Guerrero, igual que mi compañera Inés (Fernández Ortega), que no pudo venir. En todo el camino que he seguido desde hace nueve años he tocado muchas puertas y siempre, hasta hoy, el Estado mexicano se ha negado a darme la oportunidad para que los militares sean castigados. Todos ellos siguen libres. El gobierno mexicano no ha hecho nada, explicó.
Valentina lleva siete años fuera de su lugar de origen, la comunidad indígena Me´phaa (de la etnia de los tlapanecos), porque después de su denuncia fueron miembros del Ejército y de la cabecera municipal a amenazar a la comunidad y a ella misma para que retirara la querella. Es mi hija la que me hace seguir luchando y a nombre de las muchas mujeres que también han sido violadas por los militares y que no han alzado la voz por miedo, por vergüenza o por el temor de destruir la casa y tener que salir de su comunidad, como me ocurrió a mi. Yo he sufrido mucha discriminación por parte del gobierno y de mi comunidad. Pero aún así sigo luchando, y la confianza que me hace seguir es para que eso no se quede como si nada hubiera pasado. El gobierno tiene que investigar. México siempre dice que apoya los derechos humanos y la comunidad indígena, pero la verdad es que no es así. Lo que ha hecho en mi comunidad es mandar a los militares, que han violado a las mujeres, en lugar de poner un buen centro de salud, denunció Valentina ante decenas de medios de comunicación, la mayoría españoles.

En México no todo es narcotráfico

Gabriela Morales, coordinadora jurídica de la iniciativa Frontera Norte, explicó por su parte que la violencia sexual es una de las tragedias que se están multiplicando en México, no sólo en la frontera norte sino en todo el país. La militarización es otra forma de control y de violencia, además de que lo fomenta. Pues en México no todo es narcotráfico ni crimen organizado. Esta defensora de los derechos humanos también criticó el mal estado de la justicia en el país: Cuando uno acude a pedir justicia te responden con la retórica de que estamos en medio de una guerra. Eso ha hecho que las denuncias no se hagan. De 10 personas que sufren ataques o violaciones, como mucho una denuncia. Y sabe que si lo hace al día siguiente puede aparecer muerta, pues se sabe que el crimen organizado está coludido con autoridades públicas, con la policía federal y con la justicia. Hay que distinguir que en México no hay un Estado de derecho: por lo menos en determinadas zonas la justicia está muy condicionada.

Por último, Minerva Nora Martínez, coordinadora del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, denunció que el caso de Valentina y el de otras muchas mujeres que han sufrido una experiencia similar se da por la militarización que se está dando en todo México. Nosotros estamos en Oaxaca y también vemos que la impunidad y la falta de respeto a las sentencias por parte del gobierno mexicano sólo pone en riesgo a las defensoras que estamos al frente de organizaciones que documentamos este tipo de violaciones a los derechos humanos. En el trabajo cotidiano sufrimos muchas amenazas, fomentadas de alguna manera por esta sensación de impunidad e incumplimiento por parte del Estado mexicano.