La impunidad somete a Zacatecas.

• La gente no denuncia por miedo, afirma alcalde de Chalchihuites

 ZACATECAS, Zac.— A finales del año pasado, un puñado de hombres armados comenzó a patrullar las calles de Chalchihuites, un pequeño municipio de 5 mil habitantes pegado a Durango. Lo primero que hicieron fue “aleccionar” a los 20 policías municipales y luego eligieron a su primera víctima entre los comerciantes más prósperos. Desde entonces, dice el alcalde Alfonso Estrada Hernández, los criminales han vuelto para llevarse a una docena de empresarios por cuya liberación han exigido cantidades que oscilan entre los 3 millones y los 5 millones de pesos. Cuatro de ellos regresaron vivos, del resto nada se sabe.
“Ante esta ola de secuestros he acudido en múltiples ocasiones ante las autoridades estatales, para pedirles ayuda. También he buscado el apoyo del gobierno federal. Me dicen que van a poner manos en el asunto, pero hasta hoy no he visto nada”, comenta el alcalde.
Chalchihuites resume la cruda realidad del estado. Los criminales subordinan a todas las ciudades y poblados, desde Fresnillo hasta Tabasco —en los linderos con Jalisco y Aguascalientes— y desde de Jerez a Villa García, rumbo a San Luis Potosí. Con autoridades corruptas, estas bandas simplemente entraron a Zacatecas “como cuchillo en mantequilla”, describe el ex diputado federal José Luis Medina.
“Hoy, lo que tenemos es una red de ministerios públicos que desalienta la denuncia, el miedo terrible y la certeza ciudadana de que la autoridad no sólo es ineficaz sino cómplice de los criminales. Hay innumerables personas secuestradas, desde maestros universitarios, estudiantes, empresarios y funcionarios, y medios de comunicación forzados para no publicar lo que sucede. En muchas comunidades —aprovechando la terrible pobreza— hay leva de adolescentes por parte de esos grupos, que sostienen enfrentamientos por horas sin que intervenga ninguna autoridad. Y ante ello, nadie rinde cuentas”.
Exhibiciones de la impunidad con que operan los criminales, sobran. En febrero, Juan Carlos Méndez, ex alcalde de Fresnillo, fue plagiado. Méndez fungió como edil hasta septiembre de 2010. Entró en sustitución de David Monreal Ávila, quien buscó la gubernatura por el PT. Aunque se pagó el rescate, no lo liberaron. También en febrero, Jesús Torres, delegado en Villa Cárdenas, municipio de Francisco R. Murguía, fue secuestrado dos días después de congregar a los 500 habitantes del poblado para notificarles que Los Zetas exigían la entrega de sus armas. Apareció vivo.
El 23 de mayo, al director de la policía de Tlaltenango, Rogelio Romero Aparicio, se lo llevó una célula criminal. Lo hallaron atado al kiosco municipal de Santa María de la Paz junto con tres personas. Estaban golpeados y desnudos y al lado se dejó una cartulina en la que “cárteles unidos” se atribuyó el hecho. Tlaltenango se localiza cerca de Florida, al sur de la entidad, donde esa agrupación libró una batalla con Los Zetas que dejó 19 muertos el sábado 21 de mayo.
Zacatecas ha sido clave para el trasiego de droga y en las montañas que comparte con Jalisco abundan los cultivos de mariguana. Es la causa por la que, según autoridades locales, creció la violencia en años recientes. El ex diputado Medina dice que esa actitud oficial no alcanza para explicar la falta de investigaciones no sólo de secuestros, sino de asesinatos de civiles y policías o el rescate de 53 reos del penal de Cieneguillas, en mayo de 2009, filmado por cámaras de seguridad y difundió por televisión.
Tal nivel de sometimiento se refleja poco en las estadísticas de la Procuraduría estatal. Entre enero y abril, por ejemplo, fueron denunciados siete secuestros y 10 extorsiones. El registro de asesinatos durante ese primer trimestre fue de 30. La misma Encuesta Nacional de Seguridad (ENSI) revela que entre 2004 y 2008, el delito se mantuvo en un promedio de 4%. Sin embargo, el nivel de ilícitos no denunciados osciló entre 90% y 95% entre 2007 y 2008.
“Lo que pasa es que la gente no denuncia por miedo”, dice el munícipe. “Estamos indefensos y los criminales impunes”.
La impunidad, afirma Saúl Arellano, investigador del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), “es el gran mal del país”.
“¿Qué provoca la impunidad? La corrupción. No se explica si no hubiera corrupción extendida en todas las fases de la autoridad que tiene como responsabilidad prevenir, combatir y erradicar la violencia”.
Un estudio sobre el tema será publicado en octubre por Ceidas. Arellano anticipa que la información es equivalente a los números de la ENSI.
“No podemos decir que hay estados mucho más impunes que otros, lo cual es terrible para el país, porque el dato es justamente que no varian. Entonces, podemos decir que la tendencia del país es la impunidad. La tasa de no denuncia junto con la de no sanción y la de no juicio, está distribuida hasta por arriba de 90% en todos los estados, incluido el Distrito Federal y el Estado de México”, anticipa.
La impunidad es lo que permitió sustraer, sin un solo disparo, a los 53 reos del penal de Zacatecas hace dos años, pero sobre todo, reveló la corrupción cuando los vehículos con los delincuentes circularon libremente hasta San Luis Potosí, dice Medina. “Cuando se da una travesía como esa, de tres horas por autopista, no podemos sino entender el enorme grado de colusión que tienen las autoridades de todos los niveles con la delincuencia organizada”.
La vías federales que conectan a Zacatecas y San Luis Potosí, de hecho están controladas por criminales. Son vías por las que grupos armados despojan a viajeros de sus automóviles y asaltan camiones de carga. En 2010, la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 402 robos de vehículos comerciales, de pasajeros y particulares en las carreteras de San Luis Potosí. Todos fueron cometidos con violencia. Entre enero y abril de 2011, la Procuraduría local recibió denuncia de otros 95 casos consumados de manera violenta.
En términos generales, el crimen en San Luis Potosí es superior a la de Zacatecas, al menos en los números. Los últimos 15 meses se denunció la comisión de 61 mil delitos, mil 120 de los cuales fueron homicidios. Hay 273 casos denunciados de extorsión y 22 secuestros. También, 504 violaciones sexuales con denuncia formal.
La violencia y crimen en la entidad no es nueva, dice Guadalupe Almaguer, activista en derechos humanos y ex diputada local, pero se elevó de manera exponencial con la irrupción de narcotraficantes. “Todo se confabula: la presencia de delincuentes con la corrupción de los ministerios públicos, la impunidad en los juzgados y la captura de los cuerpos de policía municipales y del estado”, explica.
Los habitantes viven sometidos igual que en Zacatecas. “Hay municipios capturados por los narcos en la Huasteca, incluso como Matehuala, donde el alcalde despacha desde la capital, porque allá no lo dejan. San Luis es una cuna del delito”, dice Almaguer.