La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general a todas las autoridades encargadas de la seguridad pública en México para terminar con los cateos ilegales, pues de enero de 2006 a mayo de este año el organismo nacional ha recibido 3 mil 786 quejas de ciudadanos afectados por allanamiento de morada, sin que medie una orden judicial.
La recomendación general, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, expresa su preocupación porque en México los cateos se han convertido en una práctica común.
“En el desarrollo de las labores de combate a la delincuencia, las Fuerzas Armadas y las distintas corporaciones policiales incurren frecuentemente en la realización de cateos ilegales, lo que constituye el inicio de una cadena de múltiples violaciones a los derechos humanos, porque se ejerce violencia física, emocional, detenciones arbitrarias y se daña el patrimonio de las personas”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL el segundo visitador de la CNDH, Marat Paredes Montiel.
Dijo que desde 2006 a la fecha, las instituciones con mayor número de quejas en este sentido son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Entre 2010 y en 2011 la Secretaría de Marina se sumó a esta lista.
El aumento de quejas es evidente, en 2006 fueron 234, para el siguiente año aumentó a 393. En 2008 creció a 964 y en 2009 a 947. En 2010 se concretaron 826 quejas. De enero a mayo de este año se denunciaron 422.
La Sedena en 2010, con 526 quejas, fue la dependencia que más denuncias recibió; le siguió Marina con 61, PGR con 41 y SSP con 35.
Llamado a la legalidad
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide a “las instituciones encargadas de prevenir e investigar los delitos actúen sometidas al imperio de la ley y sean garantes de la observancia de la legalidad y del debido proceso, así como del respeto a los derechos a la libertad, intimidad y privacidad”.
Este llamado de la CNDH está dirigido a las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina, así como a la Procuraduría General de la República y a las 32 entidades federativas.
El organismo nacional pretende que se cumpla lo que prevé la Constitución en el artículo 16 y los tratados internacionales, de tal manera que sólo se pueda entrar a un domicilio mediando una orden de cateo dictada por un juez y en casos excepcionales de flagrancia.
En esta recomendación también se hace notar que se simula una flagrancia para justificar las acciones de las autoridades. “Se entra primero al domicilio sin razón legal, hay casos extremos en los que se llega a sembrar algunas pruebas”, dijo el segundo visitador Marat Paredes.
El texto dice que en muchas ocasiones la autoridad justifica su actuación en una supuesta flagrancia, en una denuncia anónima o por el uso de instrumentos como el detector molecular GT200. Este aparato sirve para la detección de “drogas, armas y explosivos. (...) Funciona con la electricidad estática creada por el cuerpo humano”.
Marat explica que este tipo de aparatos tecnológicos que tienen la posibilidad de ser intrusivos en un domicilio, necesariamente deben ser usados también con una orden de cateo.
La recomendación de la comisión también solicita que se tipifique el allanamiento de morada, pues hasta hoy existen 12 estados de la República mexicana que no lo consideran.
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