Por: Redacción / Sinembargo Fecha: octubre 5, 2011 - 07:10 | Sin comentarios
La semana pasada el estado de Alabama estrenó una agresiva ley contra la inmigración ilegal, la más dura en su tipo en Estados Unidos, que autoriza a las escuelas a verificar el estatuto migratorio de sus alumnos cuando se inscriben a los centros educativos.La ley conocida como HB56 es aún más dura que la ley de Arizona, minuta que en 2010 propuso por primera vez en el país para declarar en el estado la inmigración ilegal como delito, penalizar el transporte o alojamiento de indocumentados.
En Alabama, la ley entró en vigor de manera parcial el pasado 1 de septiembre, después de que una jueza bloqueara algunas de sus cláusulas sin pronunciarse sobre su constitucionalidad ni atajar dos de sus puntos más polémicos y que más temor han causado entre los indocumentados del estado, entre ellos un gran número de hispanos.
Pero esta semana entró en vigor el apartado de la ley que autoriza a la policía a pedir la documentación a aquellas personas “sospechosas” de residir de manera ilegal en el país y también el que exige que las escuelas pidan el estatus migratorio de sus alumnos.
Es precisamente esta última cláusula la que ha sembrado el pánico entre la comunidad inmigrante del estado, de manera que centenares de niños y adolescentes han dejado de asistir a la escuela desde la semana pasada y muchos otros ya han comunicado a sus profesores que no volverán a las aulas.
El temor de los padres es que los datos facilitados a la escuela lleguen a manos de los agentes de inmigración y sean utilizados para deportar a los miembros de la familia que residen de manera ilegal en el país.
Así lo explicó hoy la vicepresidenta de la asociación Child Rights Policy, Wendy Cervantes, quien advirtió que la ley no sólo hará que abandonen las clases los niños indocumentados, sino también aquellos que han nacido en EU, pero cuyos padres u otros familiares se encuentran en situación irregular en el país.
Además, recordó que los fondos que reciben las escuelas dependen del número de alumnos que tienen matriculados, por lo que, si se convierte en definitiva la drástica caída en el número de estudiantes que se produjo la semana pasada, la ley de Alabama perjudicaría también la educación del resto de los niños que asisten a estos centros.
Con estos temores sobre la mesa, las escuelas del estado han emprendido una campaña para tranquilizar a las familias, a las que quieren convencer de que los datos que faciliten no serán comunicados a Inmigración.
Sin embargo, esta llamada a la calma no ha surtido efecto entre los inmigrantes indocumentados del estado, que no sólo están sacando a los niños de las escuelas sino que, por temor a otros severos puntos de la ley, están incluso abandonando un estado en el que, en palabras de Olivella, “se sienten rechazados” tras la aprobación de la ley.
El Departamento de Justicia presentó el pasado 30 de septiembre una apelación contra la polémica ley alegando que la inmigración es una competencia federal exclusiva.
Los sectores más conservadores del país, por su parte, ya han celebrado la “huida” de indocumentados incluso, el “Tea Party Nation”, uno de los grupos que conforman el movimiento ultraconservador Tea Party, aplaudió en un comunicado los primeros efectos de la medida y pidió que otras leyes similares se aprueben en todos los estados del país.
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