Es necesario un nuevo régimen fiscal que fortalezca el mercado interno y en el cual no haya grupos privilegiados, consideró el diputado por el PRD, José Narro Céspedes, quien dijo que en México hay 20 millones de personas físicas en la informalidad, por lo que es necesario incluirlos en el pago de impuestos. Al inaugurar el foro "Cero IETU", reforma fiscal alternativa", el también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, propuso que las pequeñas empresas no paguen el Impuesto Empresarial a Tasa Única, sólo Impuesto Sobre la Renta, sino que se establezca como medida recaudatoria un IVA del 16 por ciento y que este se divida en 2 por ciento para los estados y 14 por ciento a nivel federal.
Añadió que la ley del ISR debe contener un artículo que dé sustento a la cuota simplificada del Régimen de Pequeños Contribuyente (Repecos) que no sea mayor del 2 por ciento de los ingresos locales.
Además, reducir la tasa de Impuesto Sobre la Renta al 25 por ciento y hacer progresivas las tarifas aplicables a las personas morales, así como sustituir la recaudación de este ajuste a la baja con un impuesto universal regresivo de control del 1 por ciento.
"Necesitamos ajustar regímenes especiales, donde paguen impuesto los grandes contribuyentes del campo, ya que en México se capta tan sólo 11 por ciento, pero los requerimientos y rezagos son enormes mientras que las grandes empresas se mantienen exentas de los pagos, tales como el sistema de transporte, minería, maquiladoras y telecomunicaciones", apuntó.
En su intervención, el jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, Ernesto Revilla, anunció que el paquete económico del 2012 no presenta cambios radicales en la estructura tributaria que afecten las decisiones de inversión y las perspectivas del mercado interno.
Contiene un déficit moderado del .2 del PIB; medidas de simplificación en materia de derechos, disminuyendo los requisitos en la actividad del contribuyente, es decir, la carga en el pago de impuestos, agregó.
Mencionó que para el 2012 se estima derogar 140 cuotas de derechos con un impacto recaudatorio de 51 millones de pesos; en materia de finanzas públicas estatales y municipales se propone no incluir el Impuesto sobre Tenencia Federal otorgando un impuesto de hasta cinco por ciento a las ventas finales en su territorio, dando continuidad al esquema del IEPS.
Cristina Dorsett, representante de empresarios de Pymes, dijo que éstas son generadoras de más del 85 por ciento de los empleos, pero no tienen apoyo, por lo que es urgente un cambio del sistema económico actual a la economía del mercado con rectoría del Estado.
De la Alianza Nacional de Contribuyentes, Angélica Jiménez Benítez pidió promover una reforma fiscal integral que promueva el crecimiento, la unidad, distribuya la riqueza y la recaudación de impuestos, pero se manifestó en contra de la aplicación del 5 por ciento de impuesto establecido a las ventas de bienes y servicios finales, ya que, dijo, representa 155 mil millones de pesos del gasto público.
El economista Saúl Escobar Toledo pidió eliminar el IETU, porque, dijo, incide en la liquidez de las empresas, principalmente en las pequeñas y medianas que son las principales generadoras de empleo.
Enfatizó la necesidad de reducir el gasto corriente y aumentar la inversión en infraestructura como mecanismo para el desarrollo económico, además de elevar la recaudación tributaria.
En su turno, el profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, Joaquín Humberto Vela González, quien moderó el evento, advirtió que las grandes empresas evaden impuestos, por lo que la carga fiscal recae en las empresas medianas y pequeñas.
"El sistema fiscal no está cumpliendo su deber, el presupuesto no se está canalizando correctamente, se designa más a la seguridad que al fomento de la actividad productiva".
Cristina Dorsett, representante de empresario PYMES del Distrito Federal, expresó que la sociedad debe realizar movilizaciones para lograr un avance en materia tributaria y no esperar a que la Cámara de Diputados legisle sobre el tema.
Carlos Arbel, presidente del Consejo Consultor Empresarial de Tultitlán, Estado de México, afirmó que la política de fiscalización ha generado temor por parte de los contribuyentes hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que, además de tener que enfrentar la competencia de productos chinos, deben estar al pendiente de las declaraciones fiscales en tiempo y forma o de lo contrario, expresó, son tratados como delincuentes.
Por su parte, Alfonso Otero Torregrosa, representante de industriales y empresarios de Tlalnepantla Estado de México, exigió a las autoridades dar respuesta a la sociedad a través de una recaudación justa que sea adecuada a las necesidades del país.
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