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| MEMORIA. En un oficio religioso celebrado en octubre de 2001, mujeres indígenas sostienen retratos de sus familiares asesinados en la masacre de Acteal (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL ) |
luz.gonzalez@eluniversal.com.mx
A casi seis años de su creación, la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal presentó un informe en el que responsabiliza penalmente al ex presidente Ernesto Zedillo de la matanza de 45 indígenas tzotziles en esa comunidad el 22 de diciembre de 1997.
El documento es base de la demanda que presentaron en septiembre pasado, en Estados Unidos, abogados de los familiares de 10 de las víctimas en contra de Zedillo, a quien reclaman por la vía civil la reparación del daño.
A lo largo de 126 páginas, el informe argumenta que el ex mandatario y su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, así como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, son penalmente responsables de los homicidios por omisión impropia conspirativa, pues tuvieron información para impedir la matanza desde un año antes y no lo hicieron.
Señala además que la masacre fue resultado de una política de contrainsurgencia, denominada Plan de Campaña Chiapas 94, que fue aplicada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, diseñada y puesta en marcha por la administración de Zedillo para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que incluyó el fomento a la creación de grupos paramilitares.
“Ambos funcionarios (Zedillo y Sáenz) incurrieron en responsabilidades antes, durante y con posterioridad a los hechos: antes, puesto que previo al crimen actuaron de manera conspiratoria, ya que se coaligaron para ignorar y ocultar las múltiples advertencias y avisos que se les hicieron sobre la inminente matanza”, dice el reporte.
La Fiscalía determinó la responsabilidad penal de Zedillo y Sáenz, así como de Jorge Madrazo Cuéllar, titular de la PGR al ocurrir la masacre, a partir de testimonios ministeriales, entre ellos el del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y otras pruebas documentales y periodísticas que refieren la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94.
Según el informe, dicho plan, del cual tiene una copia la Fiscalía, tenía el objetivo central de destruir o desorganizar las unidades regulares, comandos y guerrillas locales del EZLN.
El plan dice también que “ejercerá dirección, coordinación y control sobre todas las fuerzas de seguridad pública haciéndolas responsables de la eliminación de los comandos urbanos y la desintegración o control de las organizaciones de masas”, señala el informe al detallar la supuesta guerra de baja intensidad que emprendió Zedillo contra el EZLN.
“En medio de instrucciones muy específicas sobre otros temas, el documento desliza el siguiente señalamiento: ‘las operaciones militares incluyen el adiestramiento de fuerzas locales de autodefensa, para que participen en los programas de seguridad y desarrollo’ , lo que comprobaría definitivamente la hipótesis de formación y entrenamiento de grupos paramilitares desde el gobierno”, destaca el informe.
De acuerdo con la evidencia recopilada a lo largo de casi seis años, la Fiscalía concluye, además, que los gobiernos federal, estatal y local tenían conocimiento sobre la posibilidad de que ocurrieran hechos de violencia desde al menos un año antes de la masacre, que costó la vida a 45 integrantes de la sociedad civil Las Abejas.
Sin culpables, tras 14 años
A casi 14 años de la matanza de Acteal, ésta sigue sin esclarecerse totalmente, además de que se han diluido las responsabilidades fincadas inicialmente por la PGR, que nunca incluyeron a servidores públicos de primer nivel de los gobiernos federal y estatal, sino a 83 indígenas tzotziles y a unos cuantos funcionarios de segundo o tercer nivel del gobierno chiapaneco.
La versión oficial de la masacre, difundida por la PGR el 19 de noviembre de 1998 en el llamado Libro blanco sobre Acteal, fue la de un enfrentamiento entre comunidades rivales, derivada de conflictos limítrofes y disputas sobre la propiedad de bienes comunales, como el banco de arena de Majomut.
La confrontación se habría intensificado en el contexto de añejas diferencias religiosas entre católicos y evangélicos, sumadas a las fricciones generadas en las comunidades por la presencia del EZLN.
El informe de la fiscalía chiapaneca destaca que el gobierno federal consideró los hechos del 22 de diciembre de 1997 como el resultado de un conflicto intra e intercomunitario.
“Esta versión descarta que Acteal forme parte de la lógica mayor del tenso ambiente político chiapaneco de aquellos años: fue un incidente aislado, cuyos móviles se cifran esencialmente en los conflictos tradicionales entre comunidades tzotziles. Así se da a entender en los diferentes documentos y pronunciamientos como el Libro blanco de la PGR y los posicionamientos oficiales”, señala el documento.
La mayoría de los indígenas inicialmente acusados han salido de prisión luego de un juicio de casi 12 años que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que la PGR había fabricado evidencias y aportado pruebas falsas e ilegítimas, por lo que el 13 de agosto de 2009 amparó a 26 de ellos, ordenando la inmediata libertad de 20.
En el caso de los seis restantes, el máximo tribunal ordenó la reposición del proceso, para que se les dicte una nueva sentencia tomando en cuenta sólo las pruebas que no se consideraron ilícitas. Otros han ido obteniendo su libertad mediante incidentes de reconocimiento de inocencia, con base en los criterios que estableció la Corte en agosto de 2009.
El 5 de noviembre de ese año, la Primera Sala de la Corte ordenó, por cuatro votos contra uno, la libertad absoluta e inmediata de otros nueve acusados por la matanza; a 16 más les otorgaron “amparos para efectos”, a fin de que un tribunal unitario determine su situación jurídica, tomando en cuenta exclusivamente pruebas lícitas, y desechó seis demandas de amparo.
Entre los indígenas sentenciados se encuentran cinco autores confesos de la matanza, quienes declararon a la Fiscalía Especial que fueron nueve solamente los que atacaron el campamento de Las Abejas, en venganza por los 18 muertos que ya había cobrado en su grupo la confrontación.
Cuatro autores materiales, señalados por sus compañeros presos, no han sido detenidos. Ellos son: José Mucio Vázquez Luna, Julio López Hernández, Agustín López Hernández y Agustín Santiz López.
El 22 de diciembre de 2008, el ministerio de Justicia de Chiapas detuvo a Antonio Santiz López, acusado de ser autor intelectual de la matanza y de ser el principal proveedor de las armas con las que integrantes de la comunidad de Los Chorros atacaron a los miembros de Las Abejas el 22 de diciembre de 1997.
Santiz López ya había sido absuelto en 2001 por tribunales federales de la responsabilidad penal de la masacre, debido a las deficientes pruebas de cargo presentadas en su momento por la PGR, pues la acusación se formuló en contra de Antonio López Santiz, de 50 años, y el inculpado demostró que se llama Antonio Santiz López y que tenía 55 años, por lo que fue exonerado de los ilícitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La nueva detención fue resultado del trabajo de la Fiscalía especial, pero Santiz López sólo pudo ser acusado de delitos previos a la masacre (daños y robo con violencia a integrantes de la sociedad civil Las Abejas), y enfrentó el proceso en libertad bajo fianza.
La Fiscalía lo señaló como el líder de un grupo civil armado en la comunidad de Los Chorros, que formó para hacer frente a presuntos asaltos del EZLN, organizando una colecta para comprar armas y detener el avance de los zapatistas, que habían constituido el Concejo Autónomo de Polhó y establecido un gobierno autónomo dentro del territorio del municipio de Chenalhó.
Los acusados
Tras una serie de peritajes y de 328 declaraciones en las que se señalaba como presuntos responsables a 267 personas, la PGR determinó acusar penalmente por la masacre a 145 (128 civiles, de los cuales 83 eran indígenas tzotziles, y 15 oficiales de seguridad pública local), según el informe de la fiscalía.
De los 83 indígenas sujetos a proceso, seis fueron exonerados luego de pasar ocho años en prisión y uno murió en la cárcel. Los 76 restantes fueron condenados a 28 y 36 años de cárcel en los dos juicios que llegaron a la Corte, donde se ordenó la liberación de 29. Otros 24 purgan condenas de 36 años con tres meses de prisión y el resto aguarda sus sentencias, de acuerdo con el informe.
También fueron procesados y condenados a ocho años de prisión 15 servidores públicos, por los delitos de homicidio y lesiones por omisión, acusados de no cumplir con su deber de salvaguardar la integridad de los indígenas el día de los hechos.
Además de ellos, también fueron acusados penalmente y condenados a prisión 11 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por haber permitido que civiles portaran armas en días previos a la masacre.
Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó, fue la autoridad que recibió la sentencia mayor: 36 años y tres meses de prisión, en contra de la que promovió un amparo directo.
El ex presidente Zedillo, su secretario particular Liébano Sáenz y el ex procurador Jorge Madrazo, así como el ex gobernador Julio César Ruiz, no fueron acusados por la PGR, pese a que tanto familiares de las víctimas como organizaciones indígenas y de derechos humanos los han señalado durante estos 14 años como responsables de la masacre.
El escándalo derivado de la matanza provocó la renuncia del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, quien actualmente es presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Chuayffet, en su declaración ministerial del 20 de diciembre de 2008, rendida en Toluca, Estado de México, refirió “que el gobierno federal, y por necesidad su titular, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, conocieron hasta con más de un año de anticipación, por lo menos, que el clima de violencia en Chenalhó presentaba una preocupante intensificación”, destaca el informe.
“Esto porque la información no sólo llegaba al Presidente mediante conductos como el CISEN, sino que de hecho buena parte de esta información era totalmente pública y conocida, siendo que la situación fue reportada, investigada y documentada también por los medios de comunicación”, precisa el documento.
“La información estaba ahí desde el primer semestre de 1997, y sirvió para intensificar las medidas de conciliación, respuesta a los problemas sociales y reinstauración del Estado de derecho de las que ya hablé”, dijo en su testimonio el ahora diputado, quien reconoció la gestación de la matanza en otro apartado de su declaración.
“El conflicto de Chenalhó comenzó a gestarse mucho tiempo antes de las noticias del obispo Vera y de la propia matanza de Acteal: desde febrero de 1996 y, en su espiral más violenta, desde mayo de 1997.
“Todos los funcionarios federales compartíamos esa información, y las de las circunstancias que la rodeaban, y en las distintas instancias de coordinación para los asuntos de Chiapas, toda esa información era la base para la adopción de decisiones: proteger la seguridad de las personas, restaurar el Estado de derecho”, detalló.
Del testimonio de Chuayffet la fiscalía también deriva las responsabilidades de Liébano Sáenz y Jorge Madrazo. En el caso del primero, al incluir en la investigación la grabación, validada pericialmente, de una conversación telefónica del propio ex secretario de Gobernación, que refiere la influencia del secretario particular del presidente en las decisiones de gobierno.
En la conversación, Chuayffet confirma haber entregado a Zedillo la carta en la que el obispo coadjutor Raúl Vera exponía la gravedad de la situación en Chiapas, aclarando que “ya no me dio instrucciones, no me dice qué haga, nada, nada, nada”.
Su interlocutor afirma que Liébano Sáenz “quiere manejar las cosas como pasó en Aguas Blancas para echarle la culpa al gobernador. Esto lo podríamos entender como que sigue operando para Ernesto”, dice.
Chuayffet responde “por supuesto que sigue trabajando. Ahora tiene un centro estratégico y es asesor”, y más adelante asegura a su interlocutor que Liébano hacía las funciones de secretario de Gobernación.
“Se metió en todo, Liébano y Salomón se enteraban antes que (Esteban) Moctezuma de las cosas, luego al final lo hicieron conmigo […] Entonces me enteraba yo a posteriori. Y CISEN le reportaba primero a él cuál era el caso y Zedillo ni modo que..., yo creo que un presidente no puede dejar de saber todas esas cosas”, afirma.
“De lo anterior se puede coligar que existía una percepción generalizada en la gran influencia que ejercía el secretario particular de la Presidencia de la República, Liébano Sáenz Ortiz. Se ha intentado no relacionarlo con los hechos de la masacre de Acteal, en la cual tiene una gran responsabilidad, igual a la de Ernesto Zedillo, por el poder que tenía en ese momento”, sostiene el informe de la fiscalía.
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