De la redacción
Periódico La Jornada
Sábado 22 de octubre de 2011, p. 9
Sábado 22 de octubre de 2011, p. 9
En América las mujeres todavía enfrentan obstáculos para acceder a puestos de poder, por lo que están subrepresentadas en las áreas de gobierno y en todas las esferas de la vida política, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el informe El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres, el organismo señala que dihca situación existe a pesar de que la participación en la esfera política y en igualdad de condiciones con los hombres son derechos fundamentales plasmados en acuerdos y tratados internacionales de derechos humanos.
Una situación más desfavorable
enfrentan las indígenas y las afrodescendientes, señaló el organismo, que en esta ocasión también emitió varias recomendaciones a los Estados sobre las medidas que deben adoptar para eliminar la discriminación contra la población femenina y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos en una democracia.
En el documento que ayer se dio a conocer, la CIDH recordó que esta obligación de crear las condiciones para que las mujeres estén en condiciones de tener una participación activa en la sociedad surge de diversas convenciones, como la Americana sobre Derechos Humanos y la Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
También los Objetivos del Desarrollo del Milenio y la Conferencia Internacional de la Mujer (Conferencia de Pekín), entre otros documentos, contienen esos preceptos.
El informe se elaboró con el apoyo financiero del gobierno de Finlandia y tiene la finalidad de cumplir con su mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región.
También los Objetivos del Desarrollo del Milenio y la Conferencia Internacional de la Mujer (Conferencia de Pekín), entre otros documentos, contienen esos preceptos.
El informe se elaboró con el apoyo financiero del gobierno de Finlandia y tiene la finalidad de cumplir con su mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región.
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