En su página web, http://acteal97.com, el bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess de Miami dio a conocer en un comunicado la demanda “que alega crímenes de guerra y otros crímenes de lesa humanidad contra Zedillo Ponce de León” quien fue presidente de México de 1994-2000”.
La demanda contra Zedillo fue presentada el viernes 16 de septiembre en un tribunal federal de Connecticut por la firma de abogados estadounidenses con sede en Miami.
Señalan que la demanda se centra en los hechos relacionados con la masacre del 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo paramilitar -armados, apoyados y entrenados en el marco de un Plan de Contrainsurgencia por parte del gobierno mexicano- acribillaron a tiros y machetazos a 45 hombres, mujeres y niños en el paraje de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.
Según los demandantes, la masacre se derivó del “Plan de Campaña Chiapas 94” un documento secreto de las fuerzas armadas del gobierno mexicano para minar la fuerza y “aplastar” la insurgencia del EZLN que se alzó en armas en enero de 1994.
De acuerdo con los abogados, una parte fundamental para echar a andar el plan fue la creación y despliegue de paramilitares y de autodefensa civil-militar para ayudar a las fuerzas militares en sus operaciones, incluyendo el armar a civiles de forma ilegal con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Refiere que Zedillo conspiró con el entonces procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar las responsabilidad del mandatario mexicano, “antes, durante y después la masacre de Acteal” y que “como parte de ese encubrimiento, alrededor de 128 personas de la área de cerca de Acteal fueron detenidos y arrestados”.
Se señala también que en octubre de 2007, 34 indígenas civiles fueron declarados culpables por su responsabilidad en la masacre, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, por lo que fueron condenados a 26 años de prisión.
Pero que en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las condenas de 20 de los sentenciados “debido a la mala conducta del fiscal, incluidas las pruebas de fabricación y violaciones del debido proceso, por lo que se ordenó que los prisioneros fueran liberados después de 11 años recluidos”.
Los abogados señalaron que el encubrimiento hacia el presidente Zedillo continuó aún cuando éste había dejado el cargo después del año 2000, pues los fiscales nunca lo citaron a comparecer.
Agrega que no obstante el reciente descubrimiento de estos hechos y los planes, las víctimas y sus familiares sobrevivientes han visto frustrados sus intentos de mantener la responsabilidad que pesa sobre el gobierno mexicano por la masacre de Acteal
“Afortunadamente, en los Estados Unidos la ley federal permite que los demandantes puedan buscar la justicia en contra de Zedillo”, dice la misiva en la que los abogados citan dos leyes que permiten a los extranjeros su derecho de ejercer acciones legales en tribunales de Estados Unidos.
Después de meses de preparación e investigación, la firma de de Miami, Florida, afferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess presentó la queja, ante el tribunal federal de Connecticut firmada por el abogado Mateo Dallas Gordon.
“Las víctimas demandantes están llevando a cabo este proceso de forma anónima, para protegerlos de represalias probable si sus identidades fueran reveladas. Por lo tanto, sus abogados no se pueden proporcionar información sobre las identidades de las víctimas, aparte de que son cuatro mujeres y seis hombres”, dice la misiva.
Como se recordará, en aquella masacre un grupo de tsotsiles priístas, equipados con armas de grueso calibre dispararon en contra de 45 personas de Las Abejas -18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad- e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes.
La historia narrada por los familiares de las víctimas señala que las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias.
“Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del estado mexicano”, dice el blog de ese grupo civil pacifista.
“El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y del Gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el ex Presidente de la República Ernesto Zedillo o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades abejas que la acción se mantiene impune”, precisa el comunicado.
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