A deudos del narco, puras condolencias

 

Chihuahua, Nuevo León, Nayarit y Durango son las únicas entidades que tienen un fondo de atención a víctimas del crimen organizado.

Foto: Arnulfo Franco/AP

Hasta antes del quinto de Informe de gobierno, en el que el presidente Felipe Calderón anunció la creación de una procuraduría social para las víctimas de la violencia, la estrategia contra el crimen organizado no incluía una política nacional de protección e indemnización para los civiles caídos y sus familias, tampoco para quien fue extorsionado o secuestrado, y mucho menos para los desplazados.

Después de cinco años de “guerra”, Chihuahua, Nuevo León, Nayarit y Durango son las únicas entidades que tienen un fondo de atención a víctimas. En el resto del país la población agredida sólo recibe las condolencias por parte de las autoridades.
Chihuahua fue la primera muestra del avance del crimen organizado, y una de las primeras entidades donde llegaron militares para combatir al narco. Desde enero pasado opera el Fondo de atención a niños y niñas víctimas de la lucha contra el crimen organizado. Tiene un presupuesto de 100 millones de pesos para atender a 2 mil 98 huérfanos que ha dejado la guerra.
De acuerdo con la Fiscalía General del estado, de 2008 a 2010 había alrededor de 2 mil 500 niños que habían quedado en orfandad por causa del crimen organizado, sobre todo en Ciudad Juárez.
En Nuevo León existe el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos y cuenta con un presupuesto de 3.8 millones de pesos para 2011, como lo establece la ley del mismo nombre, aprobada por el Congreso el 18 de abril de 2007.
El apoyo para cada víctima es menor a 10 mil pesos, y hasta mayo pasado la Procuraduría de Justicia del estado recibió 20 solicitudes; ocho fueron aprobadas, tres rechazadas y el resto son revisadas por el Comité Técnico del gobierno del estado.
Desde el año pasado, Nayarit opera el Fondo de atención a víctimas de la lucha contra el crimen organizado, que incluye un seguro de vida por 500 mil pesos para policías. Luego de las balaceras ocurridas en alrededores de escuelas, la protección se extendió para los 220 mil alumnos de educación básica y más de 23 mil maestros de los 20 municipios.
La Procuraduría de la entidad informó que 300 personas han muerto en lo que va del año, pero todos eran miembros del crimen organizado, por lo que ningún civil ha solicitado un seguro.
Durango es la segunda entidad con el mayor número de denuncias por secuestro y la cuarta por homicidios dolosos, según reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y tras el hallazgo de 250 cuerpos en fosas clandestinas se instaló la Oficina de Atención a Víctimas de la Delincuencia en junio pasado.
Esta oficina pretende dar “certeza jurídica, apoyo integral y asistencia profesional a los familiares de las personas afectadas”. Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno de Durango y responsable de dicha oficina, aseguró que no existe un “tope”, ni un “piso” económico para atender a familiares víctimas del delito, y hasta el momento alrededor de 90 familias han solicitado apoyo.
Jalisco creó el Centro de Atención para las Víctimas del Delito en 1998, este año su fondo asciende a 4 millones 629 mil pesos, integrado por las multas impuestas por el MP, las donaciones en especie o en dinero por parte de instituciones públicas y privadas.
De acuerdo con la legislación del centro, “los recursos se aplican, exclusivamente, para auxiliar a la víctima del delito, preferentemente en casos de urgencia o necesidad manifiesta”, pero no existe ninguna especificación respecto a las víctimas del crimen organizado.
Y aunque en Tamaulipas se descubrió una fosa clandestina con 72 cuerpos de migrantes en el poblado de San Fernando el año pasado, el gobierno estatal no prevé la indemnización para nadie. En cambio, sólo se proyecta el Programa de Atención a Víctimas de la Lucha contra el Crimen Organizado”, operado por el DIF estatal, pero no tienen fecha de arranque.
El Estado de México no tiene un fondo para víctimas de manera formal, pero este año se asignaron 33 millones de pesos a la Procuraduría General de Justicia para atender víctimas de delitos en general, aún no hay fecha para aplicarlo, informó el procurador Alfredo Castillo.
En el 2010, Coahuila ocupó el tercer lugar a escala nacional de denuncias de privación ilegal de la libertad por cada 100 mil habitantes. Tras la lucha contra el crimen organizado, en la entidad, principalmente en la Comarca Lagunera, comenzaron los enfrentamientos, las desapariciones, muertes de civiles atrapados en el fuego cruzado y los atentados contra sitios de esparcimiento.
Los familiares de las víctimas reciben de la Fiscalía orientación y apoyo psicológico por parte de las autoridades estatales; sin embargo, no existe un fondo económico.
En Hidalgo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Damián Canales Mena, aseguró que en la entidad no tiene un presupuesto formal para víctimas colaterales del combate al crimen organizado, pero “sí se ha apoyado a las personas que han resultado afectadas”.
En otras entidades como Guerrero, el procurador Alberto López Rosas, informó que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia dispone un fondo para apoyo a víctimas, pero nunca se ha utilizado.