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viernes, 25 de noviembre de 2011

Denuncian a Calderón ante La Haya por “crímenes de guerra y lesa humanidad”



Este viernes, organizaciones civiles denunciarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya al presidente Felipe Calderón y a los narcotraficantes por “crímenes de guerra y lesa humanidad” que, aseguran, se cometen en México en medio de la lucha antidrogas iniciada por la actual administración.

La denuncia consta de 470 casos que se presentan hoy ante Luis Moreno Ocampo, fiscal de la CPI, y está respaldada por 23 mil firmas de organizaciones civiles como la Asociación de Abogados Democráticos y el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, entre otros, además de periodistas como Julio Sherer, fundador de la revista Proceso, e investigadores en asuntos de seguridad, como John Ackerman y Edgardo Buscaglia.
A Calderón y su gabinete se les acusa de que, a través de las fuerzas de seguridad, supuestamente han incurrido en actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos contra civiles, secuestro de migrantes o violaciones sexuales contra mujeres y niños.
Además, la denuncia da cuenta de los crímenes que cometen los cárteles del narcotráfico y pide que se investigue a Joaquín “El Chapo” Guzmán, al que se le atribuyen nexos directos con el Gobierno.
“Aunque podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. La brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana”, expresó al rotativo Netzaí Sandoval, abogado que lleva la demanda.
Sandoval señaló también que denunciarán a Calderón ante el organismo internacional, pues en México es casi imposible juzgar estos crímenes, debido a la ineficacia del sistema de justicia, que deja impunes el 98% de los delitos.
La labor de la CPI consistiría en determinar si hay ataques sistemáticos contra la sociedad civil.
En caso de que la resolución fuese afirmativa, el alto tribunal establecería si los delitos pueden ser juzgados por instituciones mexicanas.
Si el fallo es negativo, la Corte se limitaría a investigar.
Y mientras esto ocurre, apenas ayer se registró un día extremadamente violento en el país, pues tan sólo en Jalisco fueron ejecutadas 26 personas en una sola acción, aunque otro muerto más con signos de tortura se encontró en la colonia San Pedrito, Tlaquepaque.
En la ciudad de Chihuahua, cuatro hombres fueron asesinados en un taller mecánico de la colonia Villa Juárez. En Michoacán, dos fueron muertos, quemados y encontrados en un auto en San Agustín del Maíz, municipio de Copándaro. En Sonora, fue encontrada en el ejido Benito Juárez una mujer, presuntamente secuestrada, mientras que en el Ejido Emiliano Zapata, en Huatabampo, se localizaron otros cuatro cuerpos.
En Sinaloa fueron asesinados dos individuos en la Feria Ganadera y en Coahuila fue ejecutado otro agente del Ministerio Público Federal.
Esto se suma a los más de 50 mil muertos que ha dejado la lucha anticrimen; además, de 3 mil 700 huérfanos y al menos 400 menores reclutados por el narco, según datos del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

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