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| Humberto Moreira, presidente del PRI. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Contratada de manera ilegal por el gobierno de Coahuila,
la deuda por 3 mil millones de pesos ya fue saldada, por lo que los seis
implicados en el proceso que se sigue por delitos equiparados al fraude
enfrentarían, de resultar culpables, sanciones relacionadas con los
intereses generados.
Por la contratación de dos créditos por un monto de 3 mil millones de pesos, fueron indiciados los exfuncionarios del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal Hernández y Sergio Ricardo Fuentes Flores, quienes fueron detenidos el pasado 28 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque ambos salieron en menos de 24 horas, luego de depositar la fianza fijada por la autoridad judicial.
La FGE consignó a un juzgado penal la averiguación previa en la que se les imputa el delito de uso de documentación falsa y otras figuras jurídicas equiparables al fraude. El 28 de octubre, al dar a conocer la detención de Villarreal Hernández, la dependencia evitó informar los nombres de los demás implicados, aunque adelantó que son cinco.
De acuerdo al expediente 76/2011, radicado en el juzgado segundo en materia penal, con sede en Saltillo, además de Villarreal y Fuentes Flores, también se encuentran involucrados en la investigación el exdirector de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (Ceas), Fausto Destenave Kuri; el extesorero general del estado, Miguel Ramón Rodríguez Flores, así como Enrique Ledesma Flores y Juan Manuel Delgado Hernández.
Sobre Ledesma y Delgado, se desconoce si eran funcionarios del Satec o de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que el 29 de octubre, el fiscal general en la entidad, advirtió que estaban implicados funcionarios de dicha dependencia federal que, por cierto, es la que reveló las irregularidades.
En el caso particular de Destenave Kuri, éste quedó absuelto en función de que los 2 mil millones de pesos, presuntamente destinados a la dependencia que encabeza, jamás entraron a su presupuesto.
El proceso 76/2011 se refiere al primer crédito de mil millones de pesos contratados con el Banco del Bajío, y al segundo crédito, por 2 mil millones de pesos, contratado con Banco Santander.
Dichos créditos fueron contratados en marzo pasado y liquidados por el gobierno de Coahuila, aunque en los documentos consultados por Apro no se consigna la fecha.
Por el crédito con el Banco del Bajío, el gobierno de Coahuila debió pagar intereses por 25 millones 500 mil pesos, en tanto, por el de Santander, por un monto de 19 millones de pesos.
Así, independientemente de los delitos que se siguen por la falsificación de firmas y documentos, los imputados enfrentarían sólo consecuencias de derecho por 44 millones 500 mil pesos y no por el monto total de la deuda.
Tras el escándalo de la megadeuda que tiene Coahuila, contraída durante los cinco años de gobierno de Humberto Moreira Valdés en esa entidad, así como por los meses que siguieron a su solicitud de licencia para colocarse al frente de la dirigencia nacional del PRI, hasta el momento, las consecuencias de derecho se darían específicamente por esos tres mil millones de pesos.
No obstante, el pasado 1 de noviembre, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), presentó dos denuncias más en el fuero federal, por presuntas irregularidades en la contratación de otros créditos por un monto de 2 mil millones de pesos.
La PFF también presentó dos denuncias en el fuero federal en agosto, en relación con los 3 mil millones obtenidos de manera ilegal, por lo que independientemente de haber cubierto el adeudo y la sentencia que se emita en el fuero común, los involucrados deberán enfrentar los cargos que, en su caso, les impute un ministerio público federal.
Por la contratación de dos créditos por un monto de 3 mil millones de pesos, fueron indiciados los exfuncionarios del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal Hernández y Sergio Ricardo Fuentes Flores, quienes fueron detenidos el pasado 28 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque ambos salieron en menos de 24 horas, luego de depositar la fianza fijada por la autoridad judicial.
La FGE consignó a un juzgado penal la averiguación previa en la que se les imputa el delito de uso de documentación falsa y otras figuras jurídicas equiparables al fraude. El 28 de octubre, al dar a conocer la detención de Villarreal Hernández, la dependencia evitó informar los nombres de los demás implicados, aunque adelantó que son cinco.
De acuerdo al expediente 76/2011, radicado en el juzgado segundo en materia penal, con sede en Saltillo, además de Villarreal y Fuentes Flores, también se encuentran involucrados en la investigación el exdirector de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (Ceas), Fausto Destenave Kuri; el extesorero general del estado, Miguel Ramón Rodríguez Flores, así como Enrique Ledesma Flores y Juan Manuel Delgado Hernández.
Sobre Ledesma y Delgado, se desconoce si eran funcionarios del Satec o de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que el 29 de octubre, el fiscal general en la entidad, advirtió que estaban implicados funcionarios de dicha dependencia federal que, por cierto, es la que reveló las irregularidades.
En el caso particular de Destenave Kuri, éste quedó absuelto en función de que los 2 mil millones de pesos, presuntamente destinados a la dependencia que encabeza, jamás entraron a su presupuesto.
El proceso 76/2011 se refiere al primer crédito de mil millones de pesos contratados con el Banco del Bajío, y al segundo crédito, por 2 mil millones de pesos, contratado con Banco Santander.
Dichos créditos fueron contratados en marzo pasado y liquidados por el gobierno de Coahuila, aunque en los documentos consultados por Apro no se consigna la fecha.
Por el crédito con el Banco del Bajío, el gobierno de Coahuila debió pagar intereses por 25 millones 500 mil pesos, en tanto, por el de Santander, por un monto de 19 millones de pesos.
Así, independientemente de los delitos que se siguen por la falsificación de firmas y documentos, los imputados enfrentarían sólo consecuencias de derecho por 44 millones 500 mil pesos y no por el monto total de la deuda.
Tras el escándalo de la megadeuda que tiene Coahuila, contraída durante los cinco años de gobierno de Humberto Moreira Valdés en esa entidad, así como por los meses que siguieron a su solicitud de licencia para colocarse al frente de la dirigencia nacional del PRI, hasta el momento, las consecuencias de derecho se darían específicamente por esos tres mil millones de pesos.
No obstante, el pasado 1 de noviembre, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), presentó dos denuncias más en el fuero federal, por presuntas irregularidades en la contratación de otros créditos por un monto de 2 mil millones de pesos.
La PFF también presentó dos denuncias en el fuero federal en agosto, en relación con los 3 mil millones obtenidos de manera ilegal, por lo que independientemente de haber cubierto el adeudo y la sentencia que se emita en el fuero común, los involucrados deberán enfrentar los cargos que, en su caso, les impute un ministerio público federal.
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